La facilidad de propagación de las noticias falsas en la sociedad digital constituye un peligro para la salud o la economía, pero también para la democracia en su conjunto. Esta es una consecuencia más de la popularización de la computación, de la robotización o de la segmentación algorítmica. En el marco de la Comunicación Política, sus consecuencias nocivas preocupan a instituciones, medios de comunicación y ciudadanía, muy especialmente en época electoral.
La crisis originada por la pandemia de COVID-19 ha generado un debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de control que eviten la desinformación, así como el desarrollo de instrumentos que permitan verificar hechos. El “fact-checking”, pues, es una de las principales tareas de la comunicación, constituyéndose como pieza angular de la responsabilidad social: automatiza la corroboración de las noticias a través de la detección de la fuente, del análisis de contenido y de la dirección de los distintos flujos informativos. Y es que, en este contexto de miedo colectivo, la proliferación de datos inexactos y la utilización con fines de intoxicación de las redes sociales por parte de actores políticos erosiona la estabilidad social, la convivencia pacífica y las bases sobre las que se construyen las democracias liberales, también las iberoamericanas.